El Registro de transparencia es una base de datos en la que figuran los «representantes de intereses» (organizaciones, asociaciones, grupos y personas que trabajan por cuenta propia) que llevan a cabo actividades para influir en las políticas y el proceso de toma de decisiones de la UE.
La finalidad del Registro es mostrar al público qué intereses están representados a escala de la UE, por quién y en nombre de quién, así como los recursos dedicados a estas actividades (incluidos el apoyo financiero, las donaciones, el patrocinio, etc.). El Registro tiene los siguientes componentes principales:
- un sitio web público en el que los representantes de intereses introducen información actualizada sobre sus actividades a escala de la UE
- un código de conducta que regula la interacción de los representantes de intereses y las instituciones de la UE
- un mecanismo de denuncia que permite a cualquier persona poner en marcha una investigación administrativa sobre supuestos casos en los que los representantes de intereses inscritos no hayan respetado el código.
Diálogo abierto
El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea son instituciones abiertas y transparentes en su diálogo periódico con los representantes de intereses y la sociedad civil.
Estas instituciones de la UE mantienen contactos con toda clase de organizaciones y grupos que representan intereses específicos. Se trata de una actividad legítima y necesaria, que forma parte del proceso de toma de decisiones y que garantiza que las políticas de la UE respondan a las necesidades reales de la sociedad.
No obstante, este proceso debe ser abierto para permitir un control público adecuado y garantizar que las instituciones de la UE rindan cuentas ante los ciudadanos europeos.
Cuanto más abierto sea el proceso, más fácil resultará garantizar la representación equilibrada de todos los grupos de interés y evitar presiones indebidas o el acceso privilegiado de determinadas partes a la información o a los responsables de la toma de decisiones.
Las normas y principios por los que se rige el Registro se establecen en un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.